La fatwa con la que el ayatolá Jomeini condenó a muerte al escritor anglo-indio Salman Rushdie tras la publicación de Los Versos Satánicos cumple hoy(14-2-2009) 20 años, un periodo en el que el autor ha tenido que vivir escondido y protegido.
La fatua (pronunciamiento legal en el Islam emitido por un especialista en ley religiosa sobre una cuestión específica) sigue vigente, según afirmó esta semana el Gobierno de Irán, aunque desde 1998 excluye oficialmente que se persiga la muerte de Rushdie.
No obstante, el escritor (Bombay, 1947) sigue viviendo puertas adentro por miedo a sufrir represalias de quienes consideran que el libro es blasfemo y, aunque su aislamiento no es tan severo como hace unos años, afirmó recientemente que percibe este asunto de la fatwa como «si tuviera un albatros enganchado al cuello».
El libro fue publicado en el Reino Unido en septiembre de 1988 y fue inmediatamente prohibido en India, su país de origen.
A eso le siguieron numerosas manifestaciones de musulmanes en todo el mundo, con la quema de ejemplares de su libro, hasta que la máxima autoridad de la Revolución Islámica le condenó a muerte.
Rushdie nunca sufrió un ataque, pero sí fueron víctima de agresiones personas relacionadas con su traducción o publicación.
El año pasado afirmó a cadena pública BBC que ha pensado en varias ocasiones escribir un libro sobre lo que ha supuesto vivir permanentemente escondido.
Más recientemente, en otra entrevista con el diario The Times, reconocía que la fatwa le convirtió en uno de los autores más conocidos del mundo, pero le obligó a vivir apartado del mundo.
El escritor afirmaba que aquella condena del ayatolá Jomeini hace dos décadas fue sólo «el prólogo» de lo que iba a ocurrir después con el fundamentalismo musulmán.
«Todo el mundo tendió a creer que era un incidente aislado, más que una indicación de algo más grande; se tendió a creer que era mi culpa», decía Rushdie, que lamentaba que las ciudades de su vida -Nueva York, Londres y Bombay- hayan sufrido tres de los atentados terroristas más sangrientos de los últimos años.
«Es extraño que las tres ciudades que he querido en mi vida hayan sufrido ataques terroristas en los últimos 10 años», señalaba.
Rushdie criticaba a los países occidentales de falta de contundencia contra los fundamentalistas islámicos.
En el caso del Reino Unido, aseguraba, estos extremistas se han instalado con la complacencia de los sucesivos Gobiernos, tanto los conservadores como los laboristas, hasta el punto de que se hable de la capital británica como «Londonistán».
«Este país se convirtió en refugio seguro para todos los grupos extremistas de este mundo. Es de idiotas, de idiotas», decía.
La cuestión de la fatwa se recuerda hoy con motivo del aniversario, pero el escritor aparece con más frecuencia en los medios británicos por su vida personal que por sus problemas políticos o incluso que por su trayectoria literaria.
En la citada entrevista con The Times, el autor de Los Versos satánicos explicaba que le cansa haberse convertido en un protagonista de la prensa del corazón por su inestable vida sentimental y sus salidas nocturnas, y lamentaba que los tabloides británicos le retraten como un juerguista mujeriego.
«Todo el mundo va a fiestas. La diferencia es que cuando yo voy a fiestas sale en la prensa», decía Rushdie, de 61 años, que se ha divorciado en cuatro ocasiones y tiene dos hijos.
Se cumplen 20 años de la fatwa de Jomeini contra el escritor Salman Rushdie
lunes, 13 de abril de 2009
¿Estamos en una sociedad laica? Fernando Savater opina al respecto.
miércoles, 8 de abril de 2009
Durante la mayor parte de la historia, las leyes han servido para fijar y hacer obligatoria la moral mayoritaria de la sociedad. Hoy también es así en muchos aspectos, desde luego, pero además apuntan otro cometido más revolucionario: permitir que diversas opciones morales convivan juntas, señalando límites al comportamiento admisible aunque no a la conciencia.
Las leyes contemporáneas de las democracias avanzadas no pretenden zanjar todas las disputas morales, sino impedir que lo que unos consideran pecado deba convertirse en delito para todos. Como todo reconocimiento institucional de la libertad de conciencia, ello obliga al incómodo ejercicio de convivir con lo que no nos gusta y aceptar que no se castigue penalmente las transgresiones de lo que nosotros íntimamente nos prohibimos.
Me parece muy comprensible que, digan las leyes lo que digan, el aborto siga constituyendo un problema moral para muchos ciudadanos. Es más, incluso me tranquiliza sobre la dudosa salud ética de nuestra comunidad que sea así. La responsabilidad por la procreación o por su renuncia demuestra una valoración de la persona venidera muy estimable y que no debe descartarse como un risible prejuicio. No creo en modo alguno que el aborto sea mera cuestión de la posesión de su cuerpo por parte de la mujer y me gustaría que también la opinión del progenitor masculino, si decide hacerse responsable, fuese de algún modo atendida. En este asunto hay muchos dogmas supersticiosos y no todos provienen de los curas… Si alguien me preguntase, yo diría que la única justificación de aborto es precisamente el derecho de quien va a nacer a no llegar al mundo con el rechazo previo de los primeros semejantes que deben acogerle. Bastante peliaguda es ya la cosa sin semejante lastre…
Lo inaceptable en nombre de la convivencia es convertir el asunto en una disputa entre criminales y protectores de la vida, como si la existencia de las personas fuese una cuestión biológica y no de interpretación social. No son argumentos de obstetricia ni de ninguna otra ciencia los que pueden zanjar legal ni mucho menos moralmente una cuestión tan delicada que compromete valores fundamentales de nuestra sociedad. Los científicos pueden aportar datos indispensables pero siempre abiertos a estimaciones controvertidas, que las leyes tratarán de reflejar dando protección a la libertad de los individuos presentes y también a la estima que merecen los venideros. Por cierto, sería muy aconsejable que esta relativización de las constataciones científicas fuese también aplicada en otros casos de flagrante prejuicio, como la cruzada contra las drogas que tantos daños sociales y políticos acarrea.
Sin duda las organizaciones y ciudadanos contrarios a la reforma de la ley pueden expresar su discrepancia, aunque sería bueno que se distinguiese entre objeciones al nuevo texto y al aborto en términos absolutos. También la Iglesia católica, claro, puede hacerse oír. Pero de nuevo se plantea el papel público de esta influyente entidad privada. Por ejemplo, las procesiones de Semana Santa: o bien son una manifestación folclórica como los sanfermines, que imponen en algunas ciudades limitaciones a la vida urbana de cierto peso y no por todos aceptadas con el mismo entusiasmo, o bien son una expresión de dogmas de alcance social y político sectario que ni las autoridades ni el resto de la ciudadanía tienen que acatar como algo perentorio y universal. Hay mucha gente que se resigna a las vírgenes apuñaladas y cristos ensangrentados como una tradición festiva, pese a su lúgubre aspecto, pero no se les puede pedir que se entusiasmen con ellas si las ven utilizadas contra su propio derecho a la libertad de conciencia.
Digan lo que digan los autobuses polémicos, el problema no es si Dios existe o no, sino si vivimos en una sociedad realmente laica, es decir, con leyes que distinguen eficazmente entre delitos y pecados.
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