Al igual que Obama, justicia española se muestra complice ante las torturas en Guantanamo.

El Fiscal General del Estado español, Cándido Conde Pumpido, dijo el jueves que no recomendaría una investigación judicial contra seis miembros del Gobierno del ex presidente George W. Bush por la tortura de detenidos en la prisión de la bahía de Guantánamo.


La querella contra los miembros del anterior Gobierno estadounidense, entre los que se encuentra el ex fiscal general Alberto Gonzales, se centraría probablemente en si violaron las leyes internacionales al ofrecer una justificación legal a la tortura.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que se hizo famoso en todo el mundo por emitir una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, había solicitado la opinión de la Fiscalía General sobre la investigación de ex altos cargos estadounidenses en un caso abierto tras la querella presentada por un grupo de abogados defensores de derechos humanos.

"No podemos apoyar esa acción", dijo el fiscal a los asistentes a un acto en Madrid.

"Si se actúa por un delito de maltrato a los prisioneros de guerra, la denuncia debería ir contra los autores materiales", dijo Conde Pumpido.

Pese a que la opinión de Conde Pumpido reduce las posibilidades de que Garzón continúe con su investigación, el magistrado podría seguir adelante de igual forma. La Fiscalía también le había aconsejado en el pasado no intentar la extradición de Augusto Pinochet, lo que no le impidió continuar con su intento, aunque finalmente no tuvo éxito.

La legislación española permite tener jurisdicción en el caso porque cinco españoles o residentes españoles que permanecieron encarcelados en Guantánamo dijeron que fueron torturados allí.

"El fiscal general lo que ha hecho es una manifestación de carácter político en un tema que es netamente jurídico", indicó el abogado Gonzalo Boye, miembro de la Asociación para la Dignidad de los Prisioneros, que presentó la querella en el juzgado de Garzón.

Boye dijo a Reuters que esperaba que Garzón siguiera adelante y que incluso el caso pudiera llegar a los tribunales de Estados Unidos.

"De acuerdo a las normas reguladoras del convenio internacional contra la tortura, Estados Unidos tendría que tomar posiciones, entregar a esta gente o enjuiciarla", dijo Boye.

"Yo creo que estamos en otra era en Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que quise entender del discurso del señor (presidente) Obama", añadió.

En uno de sus primeros actos como presidente, Obama dio de plazo un año para la clausura de la prisión ubicada en suelo cubano, creada para retener a los extranjeros acusados de terrorismo después de la invasión estadounidense de Afganistán para derrocar a Al Qaeda. Alrededor de 245 personas siguen retenidas en la prisión.

En el caso de que Garzón cite a alguno de los afectados para testificar, y no se presente en la Audiencia Nacional en Madrid, se podrían enfrentar a órdenes internacionales de arresto como la que llevó a la detención de Pinochet mientras visitaba el Reino Unido en 1998.